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Impugnaciones a la ley de seguridad interior

enero 31, 2018

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Por Paulina de Alba/Foto: pulsoinformativo.com.mx

Estimado lector, en una ocasión anterior, señalaba algunos de los riesgos implícitos de la puesta en marcha de la Ley de Seguridad Interior, dentro de ello señalaba puntualmente que se dota a las Fuerzas Armadas de funciones de policía; regulación deficiente del uso de la fuerza pública; genera opacidad y vulnera la transparencia; no establece obligación a las autoridades estatales y municipales a fin de que fortalezcan a sus cuerpos policiacos; etc. Pues a pesar de todos esos riesgos, dicho ordenamiento se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 21 de diciembre de 2017; es decir, atravesó sin contratiempo el proceso legislativo, dejando de lado todas las consideraciones de fondo que expertos, sociedad civil organizada e inclusive los propios organismos internacionales señalaban.

Dichas irregularidades –que vulneran la Constitución, el sistema jurídico mexicano y por ende el orden constitucional– se pueden catalogar en dos; la primera de ellas es una afectación  a Derechos Humanos y la segunda obedece a una invasión de esferas de competencia entre los tres niveles de gobierno; es decir, entre la Federación, los Estados y Municipios. Bajo esa tónica existen dos medios de protección a la Constitución, precisamente para atacar dichas violaciones en particular; por un lado, se habla de la acción de inconstitucionalidad que ataca como su nombre lo indica, todas aquellas cuestiones que se encuentran dentro de la Ley y que vulneran la Constitución; y por otro lado, también encontramos a la controversia constitucional que tienen como objetivo resolver conflictos de esferas de competencia (distribución de funciones entre órganos y niveles de gobierno) establecidos en la Constitución, en este caso en particular, dicha invasión se da en razón de los tres niveles de gobierno, es decir, Federación, Estados y Municipios.

Una vez que tenemos este antecedente, en días pasados se han presentado diversos medios de control constitucional (dos controversias constitucionales y cinco acciones de inconstitucionalidad) de los cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación habrá de resolver. En el caso de las controversias constitucionales, una de ellas fue interpuesta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Ciudad de México en donde se argumentó que la obligación de los organismos constitucionalmente autónomos para proporcionar información a las Fuerzas Armadas en labores de inteligencia para seguridad interior, invade la competencia de la Comisión. En el segundo caso de controversia constitucional lo interpuso el Municipio de Cholula, Puebla donde reclamó la invasión de competencias al establecer en la Ley que las Fuerzas Armadas o Fuerzas Federales se harán cargo de la seguridad pública del territorio mexicano, lo cual a consideración de ese municipio violenta la autodeterminación del municipio.

A su vez, por lo que hace a las cinco acciones de inconstitucionalidad, la primera de ellas fue promovida por los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados del PRD, PAN, Morena y Movimiento Ciudadano; la segunda por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; la tercera por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; la cuarta y quinta, respectivamente por la Cámara de Senadores y el Partido Movimiento Ciudadano. En ese sentido, hay que dar seguimiento puntual a estos medios de defensa constitucionales, puesto que será de gran magnitud la decisión que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita al respecto, toda vez que podrá pronunciarse respecto de la inconstitucionalidad de esa Ley o bien, caso contrario, reconoce su validez y por ende la constitucionalidad de la misma.

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