Es.

Descalifica Francisco Domínguez actos de corrupción en procesos penitenciarios

Por: José Daniel Peña

QUERÉTARO, QRO.- Luego de que el INEGI diera a conocer en la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), que el 24.3 por ciento de reos dijo haber recibido amenazas para declararse culpable, en Querétaro se realizará una revisión exhaustiva para determinar si presos en los Centros de Readaptación Social (CERESO) en el estado han sido víctimas de la corrupción durante las diversas etapas relacionadas con el arresto y la reclusión.

Así lo dio a conocer el gobernador Francisco Domínguez Servién, quien además  expresó que sería terrorífico que hubiera personas  inocentes recluidas en centros penitenciaros de la entidad.

“Sabemos que el estado de Querétaro es de los más bajos en estas evaluaciones pero eso no quiere decir que no nos preocupe, aunque Querétaro es de los más bajos,hay que revisar”, comentó Domínguez Servién.

Asimismo señaló que podría ser el Sistema Estatal Anticorrupción quien pueda revisarpara determinar cuántos casos de corrupción y presiones existen en los Ceresos de la entidad.

“Ahí está el Sistema para que revisen, sería terrorífico para mí como gobernador que una persona esté en la cárcel sin tener que estarlo”.

Pese a que fue en esta encuesta, el estado de Querétaro uno de los estados con menores casos de corrupción, cabe destacar que durante 2016, 311 internos en los penales de Querétaro sufrieron algún acto de corrupción, ya sea en el momento de ser arrestados, de parte de un trabajador del Ministerio Público o en el mismo centro penitenciario.

Según el documento de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), del total de las 311 personas de la población privada de la libertad que fueron víctimas de actos de corrupción, 219 lo fueron durante el arresto, 121 en el Ministerio Público, 48 durante su proceso judicial y 64 en el mismo centro penitenciario.

CORRUPCIÓN A NIVEL NACIONAL

A  nivel nacional el 39.3 por ciento de la población recluida en penales sufrió algún acto de corrupción, en el caso de la entidad se tuvo un registro del 31.1 por ciento, lo que permite estimar que a nivel nacional son víctimas de corrupción 108 presos de cada mil.

El 66.4 por ciento de la población privada de la libertad pagó por exentar el pase de lista como una forma de corrupción al interior del Centro Penitenciario.

En cuanto a los servicios, bienes, beneficios o permisos por lo que pagó la población recluida, se encuentran el tener aparatos eléctricos el 50 por ciento, cambiar de celda 42 por ciento, salir al patio de visitas 37 por ciento, tener agua potable 35 por ciento y tener acceso a un teléfono el 30 por ciento.

Menor al 30 por ciento se registraron el acceder a servicios médicos, psicológicos o escolares así como recibir comida, tener una cama, colchoneta y/o cobijas; tener dispositivos electrónicos de comunicación, ir a juzgados, tener energía eléctrica en su celda, acceder a visita conyugal, ir a locutorios, usar baño, mingitorio y/o regaderas, protección y participación en algún taller.

El documento proporcionado por INEGI señala que el 87 por ciento del total de pagos ilegales para obtener un servicio, beneficio o permiso al interior del Centro Penitenciario durante 2016, fueron entregados a los custodios. En tanto el 94 por ciento de la población privada de la libertad víctima de actos de corrupción en el Centro Penitenciario durante 2016 no presentó una queja o denuncia al respecto.