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Gobierno español detiene resoluciones acordadas con Cataluña

Tras notificarse estas instrucciones, la Guardia Civil entró por orden judicial a registrar una imprenta en Tarragona, donde se sospecha que se imprimían actas de escrutinio y listados de votantes

Por: Alejandra Muñoz/Foto: Los Replicantes

ESPAÑA.- La Fiscalía General del Estado español pidió a los cuerpos policiales desplegados en Cataluña (noreste de España) incautar todo el material, como documentación y urnas, del referéndum independentista convocado por el gobierno local.

El Ministerio Público activó este viernes las querellas presentadas contra los promotores del referéndum del 1 de octubre, que el Tribunal Constitucional ya suspendió cautelarmente pero que el gobierno catalán aún no deja de promover.

Por un lado, la Fiscalía presentó dos querellas criminales, una contra los integrantes de la Mesa Directiva del Parlamento catalán que permitió el miércoles tramitar la Ley de Referéndum, cuando estaban advertidos por el Tribunal de que era ilegal.

La segunda querella es contra el presidente catalán, Carles Puigdemont, y otros miembros de su gobierno por la convocatoria del referéndum, por presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos.

Asimismo, la Fiscalía instruyó a la Policía Nacional, la Guardia Civil y la policía autonómica (Mossos d`Esquadra) para intervenir ante cualquier actuación de autoridades públicas en la realización del referéndum. Las instrucciones son “intervenir los efectos e instrumentos destinados a tal fin, requisando urnas, sobres electorales, manuales de instrucciones para los miembros de las mesas electorales, impresos electorales, elementos informáticos y análogos”.

Tras notificarse estas instrucciones, la Guardia Civil entró por orden judicial a registrar una imprenta en Constanti, provincia de Tarragona, donde se sospecha que se imprimían actas de escrutinio y listados de votantes.

Además, el gobierno español anunció que impugnará ante el Tribunal Constitucional la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, aprobada por el Parlamento catalán a primeras horas de este viernes. La ley fue aprobada por la mayoría independentista en la cámara, aun cuando ya se sabía que el Tribunal había admitido las impugnaciones del gobierno español a todo lo relacionado con el referéndum, por lo que decretaba la suspensión cautelar de la consulta.

La iniciativa que impulsa el gobierno catalán reúne las normas que rigen el cambio de comunidad autónoma española a Estado independiente en forma de República, y que se aplicaría solo si en el referéndum gana el sí a la separación respecto de España.

Tras todas estas acciones, queda en manos de los alcaldes de los 534 ayuntamientos de Cataluña, a los que el gobierno de Puigdemont ha pedido colaboren con el referéndum, pero a los que también el gobierno español ha advertido que hacerlo implica incurrir en delitos.

Además, tras las impugnaciones y decisiones del Tribunal Constitucional, se ha pedido a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (de corte públicos) que suspendan la propaganda institucional del referéndum.