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Demanda de China a México por Tren Rápido no afectará nuestras finanzas: FDS
El Tren México-Querétaro fue una de las promesas que presentó Enrique Peña Nieto el 1 de diciembre de 2012, al asumir la Presidencia de México
Por: José Daniel Peña/Foto Especial
QUERÉTARO,QRO.- Ante la demanda que el gobierno de China reclama a México por el pago de 600 millones de dólares por la cancelación del tren México-Querétaro, el gobernador del estado aseguró que las finanzas estatales no se verán afectadas por la indemnización que solicita el asiático a México.
“Ahí está el delegado de la SCT…éste tema no afecta a finanzas del estado, es un asunto totalmente federal”, afirmó.
Si bien, dicen los demandantes chinos en el comunicado del aviso de intención al iniciar el arbitraje sobre el tema,, “las autoridades no actuaron de manera transparente, de buena fe, ni garantizaron un debido proceso legal” y según la publicación, la indemnización corresponde a 11 mil 294 millones 520 mil pesos, al tipo de cambio vigente el 21 de noviembre, aunque el documento cierra indicando que el reclamo es por 600 millones de dólares.
Al respecto, el director del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Ricardo Ortiz Estrada, precisó que esta instancia no ha sido notificada sobre el tema y que desconoce la indemnización que solicita el gobierno de China.
“Seguramente debe estar el procedimiento en marcha pero la verdad es que no lo tengo registrado. No sé si haya algún tema legal inclusive que esté plasmándose, yo todavía no lo he visto”.
Además, indicó Ortiz Estrada que en un momento, la secretaría coadyuvó en temas de derechos de vía y la posible ubicación de las terminales, el resto, añadió, lo veía la subsecretaría de transporte.
Tema Tren Rápido debe ser valorado por autoridades jurisdiccionales
Por su parte y referente al tema, el pago de 11 millones de dólares a China por la cancelación del tren rápido México-Querétaro deberá ser valorado por las autoridades jurisdiccionales correspondientes, señaló Mauricio Ortíz Proal secretario adjunto a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional.
Ortiz Proal expresó que los contratos en este tipo de proyectos establecen claramente las responsabilidades de cada una de las partes y en caso de que alguna de ellas se vea vulnerada podrá acudir a los órganos jurisdiccionales correspondientes.
“Finalmente los compromisos que se asignan cuando se echan a andar estos proyectos, se establecen en contratos muy claros en donde hay responsabilidades y hay derechos, si alguien siente vulnerados sus derechos están las instancias jurídicas para poder dirimir cualquier controversia. Esperemos a que sea la instancia jurisdiccional la que determine si existe alguna responsabilidad”.
Antecedentes
El Tren México-Querétaro fue una de las promesas que presentó Enrique Peña Nieto el 1 de diciembre de 2012, al asumir la Presidencia de México.
El fallo de la licitación se dio a conocer el 3 de noviembre de 2014, dando como ganador al consorcio formado por las empresas China Railway Construction Corporation, China Railway Construction Corporation International, CSR Corporation Limited, asociadas con cuatro empresas mexicanas: Constructora y Edificadora GIA, Prodemex, GHP Infraestructura Mexicana y Constructora TEYA.
Las tres compañías asiáticas que participaron en la licitación son propiedad del Estado chino.
Según un documento obtenido vía transparencia, China reclama la cancelación de la firma del contrato y de la segunda licitación que se lanzó en 2015. El proceso de reclamo inició el 13 de octubre de 2015, cuando dos empresas chinas presentaron el aviso de intención de iniciar un arbitraje de inversión en contra del gobierno de México.
El proceso se desarrolla al amparo del acuerdo bilateral para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI México-China), firmado por ambos países el 11 de julio de 2008.
Según las empresas asiáticas, los actos de la SCT “constituyeron una expropiación a sus inversiones debido a que resultaron ganadores de la licitación. Asimismo, consideraron que las autoridades mexicanas no actuaron de manera transparente, de buena fe, ni garantizaron un debido proceso legal”.
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