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Senado mexicano aprueba ley contra la tortura

mayo 02, 2017

De acuerdo a un reporte, la asfixia, violencia sexual, descargas eléctricas, amenazas de muerte, palizas y tortura psicológica son utilizadas en un contexto de "inseguridad e impunidad"

Redacción La Fuente

MÉXICO.- A finales del mes de abril, el Senado de México aprobó por unanimidad una ley que prohíbe la tortura, práctica que se ha dado con más frecuencia en el país desde hace una década a raíz del combate militarizado contra el crimen organizado.

Con 90 votos a favor y cero en contra, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes fue remitida al Ejecutivo para su promulgación, indicó el Senado a través de un comunicado.

Cabe hacer mención que la legislación incluye la prohibición absoluta de la tortura, además, garantiza que los servidores públicos investigados no puedan interferir, por otro lado, excluye toda prueba obtenida a través de la tortura y establece la coordinación entre las autoridades para prevenir, investigar, juzgar y sancionar el delito.

La práctica de la tortura en México y los malos tratos son “generalizados” y serían perpetrados por “las fuerzas de seguridad y agentes de investigación para la obtención de confesiones o como método de castigo”, denunció en marzo el relator especial de Naciones Unidas contra la tortura, Nils Melzer.

Desde que el gobierno mexicano lanzó en 2006 una ofensiva militar contra el narcotráfico, se han registrado al menos 177 mil muertos y casi 30 mil desaparecidos, según cifras oficiales que no especifican cuántas de esas víctimas están relacionados con el crimen organizado.

Este acto trajo consigo un aumento en las denuncias de tortura.

Del 2006 al 31 de diciembre de 2015, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió 4.404 quejas sobre trato cruel o degradante, la secretaría de Defensa Nacional cuenta con el mayor número de señalamientos, aseguró la legisladora Pilar Ortega Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia.

En general, las víctimas de torturas y maltratos son personas de bajos recursos o de sectores marginados, lo que agudiza los problemas de estigmatización y debilidad de las salvaguardias de protección, comentó Ortega, al saludar que la nueva ley prevé medidas para la atención, protección y reparación a las víctimas.

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