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CAPTURAN A EX EDIL DE IGUALA POR DESAPARICIÓN DE LOS 43 NORMALISTAS
noviembre 05, 2014
MÉXICO 04 Nov.-Policías federales detuvieron este martes al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, acusados de ordenar los ataques de septiembre contra estudiantes que acabaron con 43 desaparecidos, suscitando esperanzas de que ambos puedan aclarar la suerte de estos jóvenes.
«Espero que esta detención contribuya al esclarecimiento de la investigación», manifestó el presidente Enrique Peña Nieto durante un evento público en el que felicitó a sus fuerzas de seguridad por la aprehensión.
El alcalde José Luis Abarca, revocado de su cargo después de las desapariciones, y su esposa María de los Ángeles Pineda se encuentran en la Unidad de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado luego de ser detenidos en un operativo sin violencia, explicó a la AFP un vocero de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).
La pareja, acusada de estar al servicio del cártel narcotraficante Guerreros Unidos, se escondía en una humilde casa de cemento sin pintar de dos pisos en medio de un populoso barrio al este de Ciudad de México.
Ambos eran los fugitivos más buscados por la desaparición de los estudiantes, el crimen que ha generado una indignación sin precedentes en los últimos años en México y ha impactado a la comunidad internacional.
La huida de la pareja días después de los ataques atizó el enojo del país contra sus autoridades.
La noche del 26 de septiembre, policías municipales de Iguala -a solo 200 km de Ciudad de México- y sicarios de Guerreros Unidos dispararon contra decenas de alumnos de una escuela rural de magisterio de la cercana comunidad de Ayotzinapa (Guerrero), causando seis muertos y 43 desaparecidos.
Por declaraciones de otros detenidos, las autoridades temen que los jóvenes desaparecidos fueron asesinados y enterrados pero recalcan que no darán credibilidad a esta versión hasta que encuentren a los jóvenes.
La fiscalía convocó a los medios en la tarde del martes para ofrecer más detalles pero previamente recibió a decenas de familiares y compañeros de las víctimas que llegaron en tres autobuses desde Ayotzinapa.
Los padres, que insisten en que sus hijos están vivos, accedieron por una puerta lateral de la fiscalía mientras frente a la entrada principal se manifiestan una treintena de estudiantes que exigen la aparición con vida de los jóvenes.
La vivienda donde fueron localizados Abarca y su esposa se encuentra en el empobrecida e inseguro barrio de Iztapalapa.
La esposa de un médico que vive a un costado del inmueble narró a la AFP que al momento del amplio operativo policial, en la madrugada, pensó que iban a entrar al consultorio de su marido. «Tuvimos mucho miedo», reconoció la mujer, que pidió el anonimato.
«Nunca los vi», dijo de su lado Alberto Neftalí, un hombre que vive desde hace 60 años en la casa de enfrente.
Presionado por pedidos internacionales de la ONU o Estados Unidos, el gobierno mexicano recalca que su prioridad es encontrar a los estudiantes, que siguen siendo buscados por tierra, agua y aire.
El gobierno espera que las declaraciones de Abarca den pistas efectivas para localizar a los jóvenes, lo que no sucedió con los otros 56 detenidos, entre ellos Sidronio Casarrubias, supuesto líder de Guerreros Unidos.
La fiscalía cree que el alcalde ordenó a sus policías que reprimieran a los estudiantes por temor a que sabotearan un evento encabezado por su esposa como directora local de un organismo público de protección a la infancia.
Al menos 22 policías de Iguala, una ciudad de 140.000 habitantes, están detenidos acusados de disparar a los jóvenes y entregarlos después a los Guerreros Unidos. Las autoridades no han reconstruido lo que sucedió a partir de este momento.
Abarca y Pineda, bautizados en Iguala como «La pareja imperial» por su poder y ostentación, eran conocidos por vestir con ropa cara y ataviarse de oro.
En su corta carrera política, Abarca afincó un imperio joyero en Iguala, donde era un secreto a voces su tenebrosa relación con el crimen organizado.
Después de su fuga se supo que el alcalde, elegido en 2012 por el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), fue investigado en varias ocasiones desde 2010 por presuntos nexos con la delincuencia organizada y que está acusado del homicidio de un líder campesino en 2013.
Pineda, de su lado, es hermana de tres narcotraficantes y fue señalada por la fiscalía de ser la principal operadora de los Guerreros Unidos entre las autoridades de Iguala. Pineda aspiraba a suceder en 2015 a su esposo en esta importante alcaldía de la empobrecida y violenta región de Guerrero.
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